En un momento álgido de violencia en que se encuentra el estado, hoy se lleva a cabo una reunión más de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, correspondiente a los estados del noreste y noroeste de la República.
Será en el Palacio de Gobierno donde se darán cita los secretarios de seguridad de los estados, el secretario Alfonso Durazo, el jefe de la Guardia Nacional, algunos generales del Ejército Mexicano y el gobernador Javier Corral como anfitrión.
La reunión iniciará a las 11:00 horas con el acto inaugural y varios discursos, posteriormente se tomarán la fotografía oficial y darán una rueda de prensa para los medios de comunicación y enseguida se retirarán a diversos salones del Palacio de Gobierno para sostener mesas de trabajo.
El objetivo de la reunión es lograr una coordinación efectiva entre las diferentes dependencias y generar acuerdos sobre diversos temas en materia de seguridad pública.
Se espera que acudan representantes de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
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Continuando con los plebiscitos que de manera inverosímil aprobó el Instituto Estatal Electoral sin contar con el presupuesto para realizarlos, se habla de que los dos ejercicios de consulta ciudadana en Chihuahua y Juárez costarían alrededor de 26 millones de pesos.
Por eso, no le falta razón al presidente del Congreso, René Frías Bencomo, quien opinó que en lugar de gastar tal cantidad en preguntarle a la gente si está de acuerdo en los proyectos de iluminación o alumbrado público con tecnología de punta, debería hacerse obra pública.
Bencomo se refirió a que con 26 millones de pesos se pueden hacer bastantes obras de beneficio social en municipios pequeños, que por si solos no podrían realizar.
Según el inconsciente Instituto Estatal, el plebiscito de Chihuahua costaría 8.9 millones y el de Juárez unos 13 millones de pesos, los cuales pretende que le den el Congreso o el Gobierno del Estado.
El presidente del Congreso ha dicho además que se debe revisar la Ley de Participación Ciudadana, ya que al parecer, más que ser un ejercicio democrático, se está convirtiendo en una carga extra para los municipios, sin dejar de señalar que tienen “costo excesivo”, o sea, que el IEE se está yendo grande con los costos.
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Por fin alguien se fijó que los organismos públicos solo generan gastos y tremendos sueldos de consejeros y más consejeros, como es el caso del Instituto Chihuahuense de Transparencia que cuenta con 5 comisionados.
En el Congreso del Estado, la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, presentó una iniciativa para reducir de 5 a 3 el número de integrantes del Consejo General del ICHITAIP, diciéndoles que el organismo no necesita más que tres para hacer bien el escaso o nulo trabajo que hacen actualmente.
La legisladora recordó que la tendencia nacional es disminuir el número de personas en la integración de este tipo de órganos y Chihuahua se está rezagando a este respecto.
En pocas palabras, la diputada panista considera que estar manteniendo cinco consejeros de transparencia es innecesario e incongruente en estos tiempos.
El problema es que estos organismos se usan para el pago de favores y cuotas políticas, aunque al final los elegidos se olviden de que fueron electos gracias al empuje de algún partido o fuerza política y se dedican a ganar dinero sin aportar siquiera algo que enaltezca a estas instituciones.
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Hablando de cuentas claras, el Ayuntamiento de Chihuahua firmó un convenio con el ICHITAIP para implementar la “transparencia pro-activa”.
El objetivo para el Ayuntamiento capitalino es convertirse en modelo de transparencia y participación ciudadana en beneficio de los chihuahuenses.
Al menos con este convenio, los consejeros de Transparencia tendrán un poco de trabajo con que desquitar el sueldo.
Por cierto, el ICHITAIP tiene hoy una jornada de conferencias sobre estos temas en el Centro de Convenciones de Chihuahua.
