Sin ningún pudor, el Instituto Estatal Electoral que preside Arturo Meraz, aprobó el plebiscito para someter el proyecto de iluminación pública del Ayuntamiento de Chihuahua, a la aprobación ciudadana.
Pero no solo eso, sin un centavo en la bolsa, se aventuró a aprobar las 3 mil 748 firmas que presentaron los ciudadanos para pedir el plebiscito. El chistecito saldrá en 8 millones, 908 mil 785 pesos con 25 centavos.
Como antecedente: el Congreso del Estado le sacó la vuelta a los proyectos de iluminación que presentaron los ayuntamientos de Chihuahua y Juárez. Primero por desinterés y flojera y luego por lineazo.
Posteriormente, la mano que mece la cuna movilizó y financió a un grupo de ciudadanos para que solicitaran la aplicación del instrumento de participación ciudadana; el IEE les proporcionó la aplicación APP para que recolectaran las firmas y ayer se dictó el resultado de validación de rúbricas.
El problema es que el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua no tiene recursos para realizar un ejercicio ciudadano de esta naturaleza. Solicitarán los millones que se requieren, pero desde el Congreso ya les están diciendo que “nanay”.
Los instrumentos democráticos de participación ciudadana fueron aprobados en Chihuahua desde hace más de un año, por lo que el IEE debió haberlos previsto y ahora, simplemente debió declararse incapaz de realizarlo, en congruencia.
Por cierto, el diputado priísta, Omar Omar Bazándijo que el plebiscito debería ser pagado por el propio Ayuntamiento, principal interesado en que se realice y destrabar el proyecto
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Otra reunión de Seguridad en Chihuahua que está sumida en el caso que generan los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales en los municipios rurales y de la sierra.
En los territorios dominados por los narcotraficantes, las balaceras, la quema de casas, desaparición de personas y asesinatos, están a la orden del día.
A la reunión convocada para este viernes 11 de octubre a las 11 de la mañana en el Palacio de Gobierno, vendrán los secretarios de seguridad de los estados de la región norte del país.
También se espera la presencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de quien se espera que ya no traiga rollo, sino acciones y recursos concretos.
Vienen el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, los secretarios de Seguridad de Baja California, Baja California Sur, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Coahuila, Sinaloa, Tamaulipas y Nuevo León y estará por supuesto el gobernador Javier Corral.
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Por fin, una señal de vida dio el Instituto de Trasparencia de Chihuahua que tanto cuesta y no hace nada, y que anunció la toma de protesta de funcionarios de segundo nivel.
El organismo denominado Ichitaip que preside Alejandro de la Rocha, se ha mantenido oculto de la opinión pública, a pesar de ser el garante de la transparencia, cosa de la que ni idea tienen al interior, salvo lo que ven en el ojo ajeno.
En fin, De la Rocha tomará protesta a Silvia Yadira Ramos Meza como directora de Planeación y Proyectos. También nombrará a Erick Villela Armendáriz, en sustitución de Sandra Sandoval en la Dirección de Archivos y Gestión Documental.
Esta última mantiene desde hace tres años una demanda por despido injustificado en contra del organismo.
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Como para una película de esas que relatan entramados de corrupción, crimen organizado y mentes siniestras, resultó la Red de Corrupción que tejió el ex gobernador César Horacio Duarte Jáquez para saquear al estado y de la que solo unos cuantos están pagando.
Las revelaciones que hizo el subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, Juan Pablo García Delgado, impresionaron por la cantidad de cifras, empresas fantasmas, involucramiento de pandilleros y maestros “beneficiarios” entre muchas linduras.
Pero también, que se haya involucrado al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para descifrar la red de corrupción.
Empresas que se crearon al mismo tiempo en un mismo día, con los mismos socios, ¡robo de identidades! Para crear las empresas y validadas por los mismos notarios –que por cierto deberían ser investigados–, cerradas una vez que se concretaron las operaciones del saqueo, uso del dinero de los chihuahuenses para comprar ¡huachicol!, son solo algunas de las menciones.
La investigación de carácter fiscal que derivó de la Operación Justicia para Chihuahua, ubicó 23 “esquemas agresivos de evasión” con 365 contribuyentes involucrados en operaciones con Gobierno del Estado, así como 127 proveedores directos y 238 que fungieron –o fingieron– como proveedores de proveedores.
En verdad que está de antología para quien logre captar en un guion todo este entramado.
