*Afecta la economía familiar y la vida útil de los automotores
Penas de hasta seis años de cárcel a quien altere, modifique o haga alterar el medidor de kilometraje de un vehículo, propone el diputado Omar Bazán con el objetivo de defender el patrimonio familiar y contribuir a una real “vida útil” de los automotores.
Se trata de una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que adiciona el artículo 225 bis, para quedar de la siguiente manera:
A quien altere, modifique o haga alterar el kilometraje de un vehículo, se le impondrán de tres a seis años de prisión y de doscientos cincuenta a setecientos cincuenta días multa.
A quien fomente, publique o incite a la alteración del kilometraje de un vehículo, se le impondrán de seis meses a un año de prisión y de treinta a noventa días de multa.
El diputado priista sostuvo que la práctica de quitarle kilómetros a un vehículo es un acto de engaño que aumenta su valor en el mercado.
Sin duda es un método de fraude que afecta la economía familiar, a los compradores de buena fé que hacen un gran esfuerzo para mejorar su calidad de vida, dijo el también dirigente estatal del PRI.
Alterar un cuenta kilómetros analógico requiere más trabajo, porque hay que desmontar el tablero, pero uno digital puede manipularse con unas sencillas herramientas, y sin quitar un solo tornillo.
Dependiendo del modelo, es algo más complicado o más fácil: a fin de cuentas es una cifra guardada en una memoria electrónica (EEPROM).
El kilometraje es, junto a la fecha de primera matriculación, el principal factor para determinar el valor de un vehículo.
Esta mala práctica no solo afecta al valor de mercado, también en el tipo de mantenimiento regular que debe aplicarse al vehículo.
Si nos han “bajado” los kilómetros y con ello se altera su precio, es un claro delito de fraude que debe ser sancionado de manera especial, señaló Omar Bazán.
Es preocupante ver publicaciones en medios escritos y digitales, promoviendo este tipo de fraude, más aun cuando estamos hablando del patrimonio y seguridad de una familia, recalcó.
Dijo que los defraudadores pueden ser tanto particulares como profesionales, por lo que se hace necesario legislar en la materia y adecuar este tipo de fraude al tipo penal específico, que permita al ciudadano una herramienta de defensa cierta y concreta, argumentó en la iniciativa presentada en el Congreso del Estado.
