El Congreso de Sinaloa rechazó este martes la aprobación del dictamen de reformas al Código Familiar para el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La votación se dio de la siguiente manera: 20 diputados en contra y 18 a favor.
Flora Isela Miranda Leal, secretaria de la Mesa Directiva local, fue la encargada de llevar la votación .
El dictamen que proponía reformar los artículos, 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa fue presentado ante el Pleno por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación; Derechos Humanos y Equidad, Género y Familia, para extender el matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo.
De acuerdo con el artículo 162 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado estas iniciativas dictaminadas y no aprobadas no podrán volver a presentarse en este mismo periodo ordinario de sesiones.
Francisca Abelló Jordá, diputada de Morena y presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, dijo que su partido se pronunciaba por legislar a favor del matrimonio igualitario, ya que se trataba de un derecho humano.
Además, expuso que los derechos no se votan, se asumen y que Sinaloa está llamando a cumplir con los preceptos constitucionales de México.
Señaló que es necesario asumir a plenitud los tratados internacionales de los que México forma parte,en los cuales se reconocen los derechos humanos, entre ellos al matrimonio igualitario.
Abelló Jordá recordó que la Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional las porciones normativas que decían ‘hombre y una mujer’, al considerarlas en sí mismas excluyentes, discriminatorias y contrarias al artículo 1 constitucional.
Por otra parte, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, diputada del PRI, dijo que su partido “rechaza de manera contundente las reformas al Código Familiar, porque se ataca a una institución fundamental para la sociedad, como lo es la familia, donde se busca incluir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y de manera implícita y oculta, también se pretende legalizar la adopción de niñas y niños”.
Mencionó piensan que la mejor solución legal es utilizar una figura alternativa, que les otorgue plenos derechos en materia de seguridad social, herencias, vivienda, temas fiscales y migratorios, por citar algunos.
