Chihuahua

Propone Georgina Bujanda reformar la Ley del Agua y el Código Penal del Estado

La Diputada del PAN, Georgina Bujanda, presentó iniciativa a fin de reformar la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, así como el Código Penal del Estado. En lo referente al primer ordenamiento, se pretende cambiar la denominación del “Consejo Estatal Hidráulico” por el Consejo Hídrico, debido a que es concordante con sus funciones.

De igual manera, se busca otorgar a la Junta Central de Agua y Saneamiento el establecimiento del catálogo de derechos, que los organismos operadores podrán cobrar y aclarar el medio de impugnación establecido en la Ley, además dejar claras las atribuciones de los directores de cada una de las áreas.

La diputada argumentó, que las modificaciones a la Ley del Agua, van encaminadas a fortalecer y atender las áreas de oportunidad dentro del ordenamiento jurídico, después de la reforma integral llevada a cabo en el año de 2017.

En lo que concierne a las modificaciones planteadas al Código Penal del Estado, la iniciativa tiene la pretensión de establecer una penalidad agravada en referencia a la extracción ilegal del agua y de la afectación que genere al suministro destinado al servicio los ciudadanos.

Bujanda explicó, que aun cuando el Código Penal de nuestra entidad, prevé la aplicación de sanciones para los delitos de robo y despojo de agua es importante reforzar las penalidades correspondientes para sancionar a las y los usuarios por el uso ilegal de este líquido, debido a que esto ocasiona desabasto en comunidades enteras, dejando a las y los ciudadanos sin este vital líquido.

Por tal motivo, se propone que los delitos de robo y despojo de agua con la agravante contemplada en la iniciativa se castiguen con prisión de 9 meses a 7 años y medio además, de la respectiva multa.

“Debemos incorporar las medidas necesarias que aminoren las conductas por las cuales se vea afectado el servicio público de suministro de agua, es decir establecer la modalidad agravante para los delitos de robo y despojo cuando las conductas recaigan directamente en el agua y que además afecte o restrinja en cualquier forma el suministro de la misma”, finalizó la legisladora.

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