El diputado priista Omar Bazán lamentó que cientos de empleados federales se encuentran hoy en la incertidumbre ante el anuncio de despidos masivos y sin protección de las leyes en la materia.
De igual manera prevalece la confusión debido a que la administración del presidente López Obrador no ha definido las reglas de operación de las dependencias federales en Chihuahua a pesar de que existe una Ley Orgánica.
Por ello, presentó un punto de acuerdo para que la legislatura local pida una explicación a la Secretaría de Hacienda
sobre las disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado.
Dijo que hasta el mes pasado operaban en Chihuahua 52 delegaciones de las diferentes secretarías federales.
Recordó que a finales de 2018 se reformaron diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde de acuerdo al Artículo 17, se establece que para la más eficaz atención y despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso.
El mismo ordenamiento, en su artículo 17 Bis, estipula que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal podrán contar con oficinas de representación en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos, dichas oficinas se coordinarán con las Delegaciones de Programas para el Desarrollo.
Ademas que los funcionarios adscritos a las oficinas de representación, serán designados de conformidad con lo establecido por el reglamento interior o los ordenamientos legales de las dependencias y entidades.
Los servidores públicos adscritos a las oficinas de representación se sujetarán a las disposiciones establecidas en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal para efectos de su ingreso, desarrollo profesional, capacitación y certificación de capacidades; evaluación del desempeño; separación, y a las demás disposiciones previstas en dicha ley.
Asimismo que en cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales de trabajo respectivas.
Para tal efecto, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecerá, mediante disposiciones de carácter general, el modelo organizacional y de operación de las unidades de administración y finanzas del sector centralizado; esa Secretaría, por conducto de su Oficialía Mayor, coordinará la operación de dichas unidades en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá establecer lineamientos y directrices aplicables a las unidades administrativas que realicen las funciones referidas en este artículo en las entidades paraestatales, tales disposiciones serán igualmente aplicables a las delegaciones u oficinas de representación, en los Estados y la Ciudad de México, de las entidades paraestatales.
Sin embargo, señaló el legislador, en Chihuahua y a manera de ejemplo, al menos 174 empleados de confianza, y otros que laboraban bajo el esquema de contrato en las delegaciones del Issste, Conagua y de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado, fueron despedidos en febrero del presente año.
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), se informó que a 150 empleados bajo contrato, ya no se les renovó el mismo como parte del plan de recorte y austeridad impulsado por el Gobierno Federal.
Entre los despedidos hubo personal administrativo, así como médicos y paramédicos.
En la Comisión Nacional del Agua se reportó que fueron 20 los despidos autorizados a principios del mes de febrero, específicamente de personal de confianza, pues el sindicalizado no fue afectado.
Por otra parte, en la delegación del Issste se reportó la disminución de presupuesto durante este año y se dio una partida destinada exclusivamente a la contratación de personal sin base.
Por todo lo anterior es necesario que el gobierno federal cumpla con los lineamientos de la Ley Orgánica que expidió y clarifique las reglas de operación, señaló el diputado Omar Bazán.
