*Pide legislador revisar subejercicios en en el ICHIFE
El diputado Omar Bazán demandó a la Auditoria Superior así como a la Secretaria de la Función Pública, auditen el manejo de los recursos financieros y contractuales por parte de los funcionarios responsables de la aplicación de recursos y construcción del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, durante el ejercicio 2018.
En una iniciativa presentada ante el Congreso local, el legislador priista indicó que de acuerdo al propio diagnóstico de la dependencia, empresas constructoras han incumplido contratos de obra para la mejora de escuelas públicas en el Estado, pero también existe un marcado subejercicio de recursos que se traduce en el total abandono en el que se encuentra nuestra entidad en materia de nuevos espacios educativos y el mantenimiento de los existentes.
Esta situación ha afectado a miles de estudiantes del nivel básico, medio superior y superior; es claro que el nuevo titular del Instituto asumió el cargo el pasado 5 de febrero y como parte de su encomienda, solicitó auditorías para conocer la situación actual de las obras licitadas en lo que va de la administración de Javier Corral, apuntó.
En ese sentido, están subsanadas 26 obras al 100 por ciento, nueve están por terminar y cinco constructoras no tienen la capacidad de responderle al Estado los contratos firmados.
Agregó que el gobierno estatal busca llegar a un acuerdo para la terminación anticipada del contrato a fin de estar en facultades de licitar nuevamente la obra y que otra empresa realice el proyecto de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, ubicada en la avenida Universidad Tecnológica y calle Real de Catorce, en el sur de ciudad Juárez, siendo esta institución educativa de las más afectadas por el incumplimiento.
Sin embargo, los contratos celebrados entre el Estado y sus proveedores conllevan una serie de multas y penalizaciones por incumplimiento, y más aún cuando ante la falta de recursos de origen estatal, la entidad ha presentado subejercicios de hasta 5 mil millones en recursos federales, que deben ser devueltos, recalcó el legislador.
Es por ello que “la Secretaria de la Función Pública y la Auditoría Superior, ambas del Estado, deben revisar a fondo y proceder si existen casos de omisión o negligencia por parte de algunos funcionarios estatales que le hayan causado daños al erario, o que hayan faltado a su compromiso de salvaguardar las finanzas estatales”, finalizó en la exposición de motivos de su iniciativa presentada ante el Congreso del Estado.
