A través de un punto de acuerdo presentado ante el Congreso, el diputado priista Omar Bazán demanda al gobierno federal instruya y fortalezca las reformas estructurales asentadas en la Carta Magna así como en los Tratados Internacionales, respecto a los Derechos de las Personas con Discapacidad.
De acuerdo a estimación de la Organización Mundial de la Salud, existen 1 mil millones de personas en el mundo que viven con una discapacidad, cifra que representa el 15% de la población mundial, lo que la convierte en la mayor minoría.
Por su parte, dijo, en el país se estima existen 10 millones de mexicanos con alguna discapacidad.
La Convención sobre los derechos de las Personas con Discapacidad promueve, protege y asegura el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y sus libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, y tiene como uno de sus principales objetivos el promover el respeto de su dignidad inherente
Este protocolo fue aprobado por la ONU y raficado por México en diciembre de 2007.
Con base a este nuevo modelo de derechos Humanos, se promueve la Inclusión plena y efectiva en la sociedad, de las personas con discapacidad e incluso la propia Asamblea General de la ONU reafirma que, la Democracia es algo más que elecciones al señalar que: “la democracia, el desarrollo y el respeto a todos los derechos humanos y las libertades fundamentales son interdependientes y se refuerzan mutuamente”.
“Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”. refirió el diputado Omar Bazán en la exposición de motivos.
Es preciso que el gobierno federal no se aparte de los objetivos internacionales y destine todos los medios a su alcance para cumplirlos, concluyó.
Algunos de los compromisos asumidos por los Estados en el acuerdo de la ONU, son:
• Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;
• Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad;
• Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
• Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en ella.
