• Coinciden que hay una enorme deuda histórica con las comunidades indígenas: son invisibilizadas e ignoradas en los espacios de la toma de decisiones públicas.
• Las mujeres indígenas, sobre discriminadas.
Guachochi, Chihuahua. – Ante una enorme deuda histórica con los pueblos originarios, las y los participantes en el foro “Retos de la representación política de las comunidades indígenas” coincidieron en que las legislaciones electorales en México actual no garantizan esa representación, y señalaron la necesidad de que la ley proteja y promueva la elección tradicional de representantes indígenas.
Se reconoció que, en todos los debates, se visualiza a los pueblos indígenas como un grupo vulnerable, debido al olvido institucional del que son objeto, ya que no existe la obligación de respetar la autodeterminación y autonomía de esos pueblos, el no intervenir en sus formas internas de convivencia, el derecho de generar sus propios sistemas normativos y la resolución de sus conflictos, así como la elección de sus autoridades y representantes.
“La deuda que tenemos con las comunidades indígenas es enorme”, afirmó Saúl Rodríguez Camacho, consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), durante su participación en el conservatorio “Experiencias y Agenda Pendiente sobre Pueblos y Comunidades Indígenas en los OPLES”, que formó parte del segundo día de actividades del foro “Retos de la representación política de los pueblos y comunidades indígenas”, realizado los días 2 y 3 de mayo en Guachochi, donde representantes de 16 estados de la república compartieron sus experiencias, aciertos y retos que tienen en sus estados.
Al presentar el panorama del estado de Chihuahua en relación al tema de participación política indígena, Rodríguez Camacho destacó que la garantía en el tema electoral no existe. Hasta el momento, dijo, la legislación electoral no garantiza la participación indígena, esto pese al tema de no discriminación e inclusión. Sin embargo, resaltó que se ha avanzado en las normas constitucionales, mismas que ya se están actualizando y hay iniciativas que llevarán a una reforma estructural, entre ellas una ley de consulta.
Ante la carencia de estos instrumentos, y para hacer frente a estas deudas en materia legislativa, el consejero electoral de Chihuahua precisó que el IEE ha buscado acuerdos para promover la traducción a lengua rarámuri formatos y solicitudes para participar en los distintos espacios de los procesos electorales.
En esa misma jornada, el ex magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Flavio Galván Rivera, ofreció una conferencia magisterial, en la que expuso la situación de la participación política indígena en la historia del país y su representación en los Ayuntamiento.
Destacó que en la integración de las planillas debe privilegiarse principios de la paridad de género, de equidad transversal y vertical de enumeración de candidatos, “entiéndase que los indígenas puedan ser no sólo representantes de sus comunidades, sino ser votados como presidentes municipales, síndicos o regidores, desde los partidos políticos y que éstos logren cumplir las disposiciones que ya se han generado desde los tribunales. Galván recalcó la necesidad de reforzar la parte legislativa, que obligue de facto estas acciones igualitarias en cada uno de los niveles: el municipal, el estatal y el federal y el senado.
También se presentó la tercera mesa panel, “Los retos de la equidad de género en los pueblos y comunidades indígenas”, donde expusieron sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres de los pueblos originarios en sus comunidades y en el mundo mestizo.
En su intervención, la consejera electoral del IEE Chihuahua, Claudia Arlett Espino, resaltó que la problemática de las mujeres indígenas no es muy diferente a la de las mujeres mestizas, pues desde ambos estratos o concepciones sociales, padecen las llamadas categorías sospechosas, que no son otra cosa que la discriminación y la sobre discriminación, primero por ser mujer y luego, por ser indígena.
Espino dijo que el gran problema sigue siendo la invisibilización de las mujeres en el México actual, a pesar de las normativas y los tratados internacionales.
Se cuestionó acerca de cuáles son esos derechos pendientes de la mujer indígena en México y los citó uno a uno: Derecho a una vida digna, a la no discriminación, a la protección de su idioma, al reconocimiento, a no ser maltratadas, a elegir el número de hijos que quiera tener, a los métodos anticonceptivos de su preferencia, a tener marido o ser soltera, a la participación dentro de su comunidad, al beneficio económico de proyectos productivos, a la tenencia de la tierra, a ser o formar parte de su gobierno, a tener cargos representativos en su comunidad, derecho a los recursos naturales, derecho a la información, a ser reconocidas como parte importante de su comunidad, a preservar sus costumbres y tradiciones vivas en su comunidad, entre otros.
Por su parte, Marcos Shilón Gómez, representante de la Red Estatal de los Derechos Indígenas de Chiapas, ofreció una conferencia magisterial, donde presentó un panorama muy amplio sobre lo que es ser indígena y ejemplificó con sus pueblos de origen, las formas de participación y los retos para las etnias.
El grave problema, según su parecer, es que a los pueblos indígenas de manera histórica le han impuesto modelos ajenos a sus creencias o cosmovisiones y en realidad, aquello que es llamado de usos y costumbres, son prácticas no realizadas en las comunidades a la hora de establecer su representación política.
Este encuentro reunió a instituciones electorales, autoridades indígenas, y representantes de la academia de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz y Chihuahua, quienes compartieron experiencias sobre la participación y representación política indígena desde lo académico, legislativo, administrativo y jurisdiccional, así como étnico comunitario.
El foro fue organizado por la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. (ATERM), el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEE), el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), la Academia Nacional de Derecho Electoral y el Ayuntamiento de Guachochi.
