El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas reconoce que durante 2018 ocurrieron un total de 18 asesinatos de compañeros comunicadores en el país, algunos de ellos que estaban “protegidos” por este programa.
Ciertamente el Mecanismo creado en 2012 no tiene facultades para investigar y/o castigar a responsables de las agresiones contra periodistas, sin embargo, a juzgar por los datos, no parece ser de mucha ayuda que los compañeros amenazados y sus familias, se apeguen a este protocolo, si al final terminan muertos.
Tenemos que trabajar para que en 2019 no se incremente la cifra, aunque ya tengamos a tres compañeros asesinados en lo que va del año, tenemos que hacer que funcione el mecanismo de protección.
Porque actualmente solo parece servir para llevar la estadística de las agresiones, como se desprende de los artículos 23, fracción II, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; así como el 45, fracción III y 68, fracción V de su Reglamento.
Ahí señala que “El Mecanismo carece de atribuciones para investigar las agresiones contabilizadas, sin embargo la sistematización de la información obtenida a través del monitoreo, permite contextualizar la situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México”.
Es decir, tenemos que trabajar para que se abra a la posibilidad, no solo de brindar una verdadera protección a los compañeros amenazados y a sus familias, sino para que se dote a este programa de al menos una representación ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (La Feadle), para que se le dé seguimiento a los expedientes.
Desde la creación de la Feadle se conoce el mínimo resultado de este organismo, más allá de ser un ente con presupuesto y con funcionarios demasiado bien pagados, que solo le cuestan al estado.
El mecanismo reconoce los asesinatos de los siguientes compañeros en 2018: Carlos Domínguez Rodríguez, Nuevo Ladero, Tamaulipas, 13 de enero; Pamela Montenegro (Nana Pelucas), Acapulco, Guerrero, 5 de febrero; Leobardo Vázquez Atzín, Zamora, Veracruz, 21 de marzo; Juan Carlos Huerta, Villahermosa, Tabasco, 15 de mayo; Alicia Díaz González, Monterrey, Nuevo León, 24 de mayo; Héctor González Antonio, Cd. Victoria, Tamaulipas, 30 de mayo; María del Sol Cruz Jarquín, Juchitlán de Zaragoza, Oaxaca, 11 de junio; José Guadalupe Chan Dzib, Carrillo Puerto, Quintana Roo, 29 de junio; Luis Pérez García, Iztapalapa, CDMX, 10 de julio; Rubén Pat, Solidaridad Quintana Roo, 24 de julio; Rodolfo García González, Valle de Santiago, Guanajuato,7 de agosto; Javier Enrique Rodríguez Valladares, Benito Juárez, Quintana Roo, 29 de agosto.
La lista la completan Mario Gómez Sánchez, Yajalón, Chiapas, 22 de septiembre; Arturo Pocayo Aguiluz, Texco, Guerrero, 28 de septiembre; Sergio Martínez, Cacahoatán, Chiapas, 3 de octubre; Gabriel Soriano Kuri, Acapulco, Guerrero, 24 de octubre; Alejandro Márquez Jiménez, Tepic, Nayarit, 2 de diciembre; Diego García Corona, Ecatepec, Estado de México, 6 de diciembre.
El dato es que el Fideicomiso 10232 para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reportó un gasto de 335 millones de pesos en 2018 y en lo que va del 2019 que ya lleva ejercidos casi 21 millones, pero esta será materia de otro análisis.
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