Otro compañero periodista fue asesinado en México, el segundo del año.
Ahora fue en la comunidad de Emiliano Zapata, en el estado de Tabasco, donde un compañero comunicador fue acribillado a quemarropa por un sujeto que le disparó ocho tiros mientras desayunaba en un restaurante y luego, tranquilamente se dio a la fuga.
Jesús Eugenio Ramos Rodríguez es el nombre del segundo periodista asesinado en este 2019. El primero fue Rafael Murúa, director de una radio comunitaria en Baja California Sur, el pasado 20 de enero.
Jesús Eugenio también era locutor y periodista y por el momento no se sabe si ya había sido amenazado a causa de su labor periodística.
Este artero crimen ocurrió el sábado nueve de febrero. Jesús Ramos Rodríguez conducía un programa de noticias en la radio de Tabasco.
De este caso ya fue notificada la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión perteneciente a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía de justicia de ese estado abrió la carpeta de investigación CI-EMZ-44/2019.
Sin embargo, decir que notificaron a la Fiscalía Especializada equivale a decir que el caso será archivado como los muchos otros, más de 20 ocurridos en 2018 y los casi 100 ocurridos en el país desde el año 2000, sin que ninguno haya sido esclarecido.
En México ya tiene mucho que se creó la frase: “quieres enterrar un caso, crea una fiscalía”. Una fiscalía que ha sido costosa, que ha tenido muchos titulares y ninguno ha logrado esclarecer un solo asesinato de un periodista. Hay detenidos, sí, pero ningún sentenciado.
En nuestro país no existe la justicia para los periodistas y no existirá mientras no haya un régimen dispuesto a respetar su labor, así como la libertad de expresión y no solo respetarla, garantizarla por mandato de la propia Constitución.
Lamentablemente ejercer esta labor sigue siendo de muy alto riesgo y las autoridades de los distintos niveles siguen siendo omisos en la instauración de protocolos efectivos para salvaguardar la vida de quienes nos dedicamos a ella.
Desde siempre hemos dicho que tener una fiscalía desde el Gobierno Federal no sirve de nada a los periodistas, ni siquiera para esclarecer los casos, pero lamentablemente, las entidades federativas tampoco se han preocupado por tener unidades realmente efectivas no solo para investigación, sino para brindar las garantías necesarias a cualquier compañero comunicador que se vea amenazado.
La política juega con la vida de los periodistas como con la Espada de Damocles, por eso no permiten ni crean ninguna unidad administrativa efectiva para su protección y defensa, porque así se mantiene el miedo en el ejercicio periodístico, para que la libertad de expresión no vaya nunca más allá de lo permitido.
POR CIERTO, en Chihuahua recién fue nombrado Eduardo Ramos Arenas como responsable de la Unidad Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Fiscalía del Estado. Esto ocurrió desde el pasado 28 de enero y todavía es hora de que el nuevo funcionario no ha busco un acercamiento con los periodistas, ojalá y por lo menos sepa lo que hace.
