El pasado fin de semana leí con atención que en el vecino estado de Coahuila se instalaron mesas de trabajo en busca de un protocolo de Protección para Periodistas y Derechohumanistas.
En horabuena por los compañeros comunicadores coahuilenses, porque apuestan a este mecanismo federal que se viene replicando en todo el país, pero que difícilmente será el que le brindará al periodismo mexicano las garantías que necesita para salir adelante y sobre todo, para que deje de haber más muertes de compañeros.
Ese Protocolo es el mismo que ya se firmó en Chihuahua en junio del 2017 por parte del gobernador Javier Corral Jurado y del entonces Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, Roberto Campa Cifrián.
Hasta el momento no se conoce ningún resultado de este que fuera llamado “Plan de Contingencia para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Lo que si celebro de la firma de este Protocolo en Coahuila, es que allá los periodistas al menos si fueron invitados a participar en las mesas de trabajo. Hay esperanza que logren acuerdos efectivos para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y la protección a la libertad de expresión que tanto se necesita.
Pero insisto, sigue sin entenderse que defensores de derechos humanos y periodistas tienen similitudes, pero la naturaleza de sus actos son muy distintos y mientras no se entienda eso, ningún mecanismo será suficiente, el tema debe atenderse en su justa dimensión.
Lo hemos dicho reiteradamente, los derechohumanistas son una fuente de los periodistas, su activismo es fuente de información; los periodistas son el medio entre ellos, la sociedad y el gobierno.
Por eso decía que leía con atención la instalación de las mesas de trabajo para este Protocolo allá en Coahuila, porque en todo el discurso del gobernador Riquelme, reproducido en los medios de comunicación, no encontré ni una sola línea de compromiso concreto, tangible, más allá de tomarlos en cuenta para ver qué tienen que decir.
Esperemos entonces que no sean solo palabras de un discurso de garantías a las que está obligado el Estado, sino que arroje mecanismos efectivos para protegerlos a ellos y sus familias en caso de amenazas, antes de que lleguen a los ataques.
Aun así, celebramos que los compañeros de Coahuila hayan dado este significativo paso en defensa de su profesión y de la libertad de expresión, porque el gremio periodístico no debe permanecer impávido ante los ataques que viene sufriendo.
Debemos seguir luchando hasta lograr el mecanismo que garantice el ejercicio periodístico al que todo aquel que tenga algo que decir, pueda acceder sin miedo alguno.
