*No es la primera vez que el Gobierno del Estado incumple con la ley a pesar de contar con los recursos
*Presentó también otro punto de acuerdo para exigir al Instituto Estatal Electoral en Chihuahua, cumpla con las prerrogativas que corresponden por Ley a los Partidos Políticos.
El diputado priista Omar Bazán presentó hoy un punto de acuerdo para que el Congreso del Estado exija una explicación a la administración estatal sobre el manejo de los recursos públicos y las razones por las que se ha retenido el pago de salarios a los empleados del Poder Legislativo.
Dentro de los rubros contenidos en el Presupuesto de Egresos 2019 del Gobierno del Estado, se contemplan las partidas para el pago de nómina de los servidores públicos, además de acuerdo a la ley nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial y sólo podrá retenerse el salario en los supuestos previstos en la ley, dijo el legislador priista.
Sostuvo que el retraso en el pago de nómina puede ser constitutivo de delito, porque se deja a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad económica que puede ocasionar la no respuesta a las necesidades básicas de subsistencia y de sus dependientes económicos, máxime si no existe justificación alguna.
El Código Penal del Estado en su artículo 262 bis, tipifica como delito el incumplimiento en el pago de los salarios:
Artículo 262 bis.
Se impondrá prisión de seis meses a cuatro años y de quinientos a mil días multa, al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, al proponer o determinar las remuneraciones que deban percibir los servidores públicos correspondientes, incumpla o realice actos de simulación para eludir el cumplimiento de las bases previstas en el artículo 165 bis de la Constitución Política del Estado.
Cuando el monto de la remuneración ilegal exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrá prisión de cuatro a doce años y de mil a dos mil días multa.
[Párrafo reformado mediante Decreto No. LXV/RFCLC/0266/2017 I P.E. publicado en el P.O.E. No. 15 del 22 de febrero de 2017]
No es la primera vez que ocurre y el gobierno estatal está obligado a informar con antelación y plena justificación, la omisión de compromisos y retardos en la dispersión de recursos ya que además de afectar las labores propias de la administración pública, ha generado ya en más de dos ocasiones el retraso en el pago de los salarios de los trabajadores del Estado, lo que conlleva pérdidas económicas e inconformidad ante la incertidumbre laboral que se vive actualmente, como es el caso de los trabajadores del H. Congreso del Estado de Chihuahua.
El punto de acuerdo que presentó Omar Bazán, señala:
Primero.-La Sexagésima Sexta Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Hacienda, así como de la Secretaría de la Contraloría, para que en uso de las atribuciones y facultades promueva y supervise el adecuado funcionamiento de los mecanismos de control en el correcto ejercicio de los recursos públicos, vigilando el cumplimiento de la normatividad que los regula, a fin de lograr el alcance de los propósitos establecidos en los planes y programas aprobados, para el ejercicio fiscal 2019; y por la otra se instruye al Titular de la Secretaría de Administración del Poder Legislativo para que informe circunstanciadamente las razones por las cuales se ha retenido el pago del salario al personal del Poder Legislativo.
Segundo.- Se instruye al Secretario de Administración del Poder Legislativo para que informe y justifique el retraso e incumplimiento en el pago de los trabajadores y servidores públicos del Poder Legislativo y realice de inmediato el pago que corresponda. El informe lo deberá realizar en la próxima sesión de la Junta de Coordinación Política, independientemente de que realice el pago respectivo.
