La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado Rosa Isela Gaytán Díaz calificó la reestructura de la deuda del gobierno estatal, como un engaño, ya que no busca generar un ahorro para los chihuahuenses, sino incrementar el flujo de liquidez actual, comprometiendo las finanzas del gobierno del estado hasta el año 2044.
Invitó a sus compañeros legisladores a ser sensibles con las necesidades de la población, a pensar en el futuro de nuestro estado, “votemos en contra de mas deuda pública ya que esto viene a afectar a todos los chihuahuenses”.
Agregó que en su comparecencia, el Secretario de Hacienda, dejó más interrogantes que respuestas, en el tema de la reestructura de la deuda, como el costo de penalización por prepago, pago adelantado o costo de salida de los diferentes créditos, como el comprometido con el Fideicomiso carretero; no respondió si los ingresos de las carreteras seguirán como fuente de pago de este crédito y mucho menos, si el crédito sustentado en el Impuesto Sobre Nómina, que se vence en 2026, era prudente reestructurarlo hasta 2044, en un momento de incertidumbre bursátil a nivel global.
“Chihuahua no merece un gobierno con pésimos administradores. ¿Cómo es posible que teniendo un incremento del 8% de ingresos totales en comparación con el 2017, que representan más de 65 mil millones de pesos; en este 2018 no les haya alcanzado para hacer obra pública, cuando menos?, sin olvidar el subjercicio de cerca de mil millones en el que incurrió este año el gobernador”, señaló Gaytán Díaz.
“Nosotros no podemos aprobar otra reestructuración de la deuda, ya que el mismo ejecutivo estatal aceptó que la aprobada por la anterior legislatura, simplemente no funcionó y ahora piden apoyo para una nueva, misma que la quieren para seguir despilfarrando los recursos de los chihuahuenses en la imagen del gobernador, en despedir a más empleados o en oficinas inútiles como la Coordinación de Política Digital o del gabinete, en la cual se quieren gastas más de 200 millones que pueden ir destinados a necesidades más apremiantes como salud, educación, obra pública, educación o en fortalecer instituciones como la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito, que tiene un presupuesto raquítico”, finalizó.
