⦁ Detienen aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República
El combate a la corrupción en México está adoptando un nuevo enfoque sistémico en donde se toma en cuenta la participación ciudadana para evitar que los actores políticos y demás involucrados en la toma de decisiones sean “juez y parte” en el llamado Sistema Nacional Anticorrupción.
Así lo explicó el licenciado Isaac Pacheco Izquierdo, investigador de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, durante el Seminario de Auditoría Gubernamental impartido por el Instituto y colegio de Contadores Públicos de Chihuahua, que preside el Contador Público Certificado, Rodolfo Landa Parra.
Pacheco Izquierdo, aseveró que con la entrada del Sistema Nacional Anticorrupción y los sistemas locales, se instituye un comité coordinador de autoridades públicas que tiene que trabajar en conjunto para definir una política anticorrupción y definir estrategias y las formas de implementar dicha política.
En este comité se encuentra la Auditoría Superior del Estado, por lo que los auditores tendrán más trabajo y estarán coordinados con otros órganos representativos que formen parte del comité.
Una de las novedades para la ASE es que bajo el comité en mención, existirá un comité de participación ciudadana que revisará el trabajo de los órganos integrantes del sistema anticorrupción, es decir, también los ciudadanos revisarán el trabajo de los auditores.
Respecto a la designación de la figura del Fiscal Anticorrupción, Isaac Pacheco, mencionó que dentro de la agenda legislativa de Morena, se contemplaba la aprobación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en donde se tocaba ese delicado tema.
Sin embargo desde la sociedad civil se logró dar marcha atrás a esa aprobación ya que lo presentado en el pleno por los legisladores, señalaba que era lo trabajado con las organizaciones civiles, lo cual no era verídico.
“Quisieron hacerlo en fast track para que se aprobara inmediatamente, pero con la colaboración de partidos de oposición y de organizaciones de la sociedad civil, se logró bloquear”, mencionó el politólogo.
Finalmente dijo que la designación de la figura del Fiscal Anticorrupción, debe ser realizada por el Presidente de la República, pero ratificado por el Senado, pues tampoco sería correcto que esa figura se encuentre totalmente desligada del Poder Ejecutivo.
