Por: José Luis Domínguez Castillo
A partir de hoy aplica el histórico fin de las pensiones a expresidentes de México, con el inicio de la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos, y el lloriqueo se escuchó más fuerte que en pleno Día de Muertos.
La pensión presidencial asciende a 205 mil 122 pesos mensuales. Esta cantidad la reciben un priísta y dos panistas: Luis Echeverría Álvarez, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, aunque este último la disfraza como donativo a la fundación “Aquí nadie se rinde”, organización que se dedica a ayudar a niños con cáncer.
Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce De León renunciaron a sus respectivas pensiones, pero mantienen el apoyo del personal de Estado Mayor Presidencial -se dice que casi 80 elementos del Ejército y la Marina a su disposición-, mientras que las viudas Sasha Montenegro y Paloma Cordero continúan recibiendo el apoyo de sus parejas José López Portillo y Miguel De la Madrid, respectivamente.
Fue una promesa de campaña por parte del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que todos apoyaron hasta con aplausos y seguramente será uno de los más importantes anuncios que destacará en su “primer informe de gobierno” del 1 de diciembre cuando tome posesión. Sin embargo, también hay muchos compromisos asumidos que no ha podido ni podrá hacerlos válidos.
Se trata de la primera vez en este sexenio que el agónico presidente Enrique Peña Nieto se niega a la publicación de una nueva legislación, por lo que el Congreso ordenó su difusión en el órgano oficial para que entre en vigor una vez aprobado el Presupuesto 2019. Y esto, inédito también, nos muestra un escenario donde México tiene dos jefes de la Nación.
Así, la LFR entra en vigencia para el Poder Legislativo Federal, el Poder Judicial de la Federación, en los Tribunales administrativos, la PGR, la Presidencia y las dependencias federales. También va para organismos y empresas del sector paraestatal; aunque en la legislación no se nombra directamente a los ex Presidentes, se anula la pensión que reciben actualmente.
López Obrador afirmó que su sueldo será de 108 mil pesos, ese sería el tope. Un 40 por ciento menos que Peña Nieto, que no vivirá en la residencia de Los Pinos, pues será un espacio para las artes, y tampoco habrá fueros ni privilegios, sin Estado Mayor Presidencial ni Primera Dama.
Pero, algo de lo que llama mucho la atención, es que supuestamente se terminará con los sueldos millonarios de no pocos funcionarios: no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o retiro sin que estén asignadas por la Ley o un contrato colectivo laboral y en caso de presentarse irregularidades del tema, cualquier persona podrá denunciar el hecho.
De inicio, a ver si es cierto, si un funcionario accede a sobresueldos, préstamos o créditos no autorizados, será inhabilitado y dependiendo la gravedad del ilícito, tendrá cárcel de 2 a 14 años y multas de 3 mil veces el salario mínimo. También aplicará la destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo de 6 meses a 14 años…a legisladores, ministros, magistrados, jefes de gobierno, gobernadores y consejeros electorales, les tocará un juicio de político, además de perder sus más de 200 mil pesos que se embolsan mensualmente.
No crea usted que ya soy morenista, aunque moreno sí soy, simplemente esta ley que incluye la cancelación de pensiones a ex presidente es buena y un reclamo generalizado. Reitero, es solo un compromiso palomeado pero quedarán muchísimos en el olvido.
Tampoco me causa tranquilidad la mescolanza de funcionarios ya aprobados para su gabinete, y mucho menos su trato fingido y hasta burlesco hacia la prensa. Aunque él grite a los cuatro vientos: “Yo no aspiro a ser un dictador, sino a representar a una república democrática. Esto produce nerviosismo e inquieta, pero no hay nada qué temer. El cambio será ordenado; profundo, pero pacífico. Aún no tomamos posesión y ya empezaron los cambios”…cómo ven.
