Ante la trascendencia de la controversia presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto que busca evitar que se investigue y se llegue a procesar a funcionarios públicos federales en los estados, el gobernador Javier Corral se declaró dispuesto a un debate con el consejero jurídico de la Presidencia y con el Consejo de la Judicatura Federal como tercer interesado.
A propuesta de la periodista Carmen Aristegui, quien consideró necesario que la Presidencia explique los alcances de la controversia, el Gobernador del estado dijo que debe incluirse a la Judicatura en una mesa de discusión, ya que en la demanda quedó señalada como tercera interesada.
En la entrevista, Javier Corral reveló que el pasado 16 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia amplió la controversia constitucional que presentó el día 11, “para poder justificar que fuera admitida por el propio ministro presidente de la Suprema Corte, cuando debieron rechazarla por notoriamente improcedente”.
Informó que en el recurso ampliado, señalan la supuesta inconstitucionalidad de dos preceptos legales, uno del Código Nacional de Procedimiento Penales y el otro del Código Penal, que según ellos violan o invaden la esfera de atribuciones, porque dichos preceptos legales permiten la investigación y el procesamiento de funcionarios federales en delitos del fuero común, cuando con ello se afecta la función del servidor público para poder desarrollar sus actividades.
De hecho, demandan que tal situación no puede ser, dada “la supremacía de la estructura federal”, según dicen, agregó el mandatario estatal.
Corral Jurado consideró que no es correcta la interpretación que le dan a los artículos de los códigos penales, pero lo están haciendo para poder justificar el hecho también escandaloso de que se haya aceptado una controversia constitucional en esos términos, cuando en su escrito original no hablaba de ningún conflicto entre poderes o invasión de facultades por actos de autoridad ya realizados o por normas generales impugnadas.
Dijo que en el argot jurídico, el recurso presentado por el gobierno de Peña Nieto es conocido como “amparo buscador” disfrazado de controversia constitucional, ya que lo que en realidad pretende es conocer el contenido de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
Lo que buscan, aseguró, es conocer alguna investigación que lo pueda involucrar y no solo en el caso del tema de Educación, en el tema de la desviación de 250 millones de pesos del caso conocido como de Alejandro Gutiérrez que formó parte de la “Operación Zafiro” y que fue una desviación multimillonaria de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia varias entidades federativas a través de empresas fantasmas que luego triangularon para ir a dar al PRI nacional.
Además, lo que Peña Nieto y su gobierno están buscando con la controversia, es no solamente inhibir, sino sentar un precedente legal en el país, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los estados no puedan ni siquiera investigar, ya no digamos procesar a funcionarios federales que cometan delitos públicos locales en el ejercicio de su encargo, aunque que efectivamente per sé, ningún fuero local lo puede hacer.
Por ello, dada la trascendencia del “amparo buscador” y si el tiempo de la Suprema Corte lo permite, porque algunas cosas las resuelve rápidamente y otras no, solo que en este caso sería muy inusual resolver en un corto tiempo, se debe abrir el debate,
Al respecto, el gobernador Javier Corral propuso que la mesa de discusión sobre este tema pudiera darse a través del propio programa radiofónico de Carmen Aristegui y se declaró en plena disposición para coordinar agendas para verificar este debate.
Dijo que se trata de un recurso que consta de 80 páginas, más 30 de la ampliación, pero que tiene una serie de expresiones verdaderamente de escándalo en términos jurídicos y destacó que “de no resolver la SCJN este asunto antes del primero de diciembre, le quedará al nuevo gobierno federal, ratificar o desistirse, toda vez que lo que se señala ahí sería una agresión contra las facultades del ministerio público y contra las entidades federativas”.
