–El extitular de la Fepade denunció que a más de un año la PGR sigue sin tramitar su entrega a la justicia de Chihuahua
A más de un año de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), obtuvo una orden de aprehensión a nivel federal y solicitó la extradición del exgobernador César Duarte, la Procuraduría General de la República no ha desarrollado el trámite, denunció Santiago Nieto, extitular de dicha dependencia.
“Yo creo que esto, en buen español, se llama corrupción, se llama solapar la impunidad”, denunció quien es propuesto por el gobierno federal entrante, para encabezar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Durante su intervención en el panel denominado Corrupción política y elecciones, en el Encuentro Nacional Anticorrupción, que se desarrolla en el Museo Casa Chihuahua, recordó que el tema del exmandatario chihuahuense hace recordar que quienes tienen el monopolio para solicitar su extradición son la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Pero la discrecionalidad en el ejercicio de esta función, menos la rendición de cuentas, da un resultado claro: es corrupción.
La solicitud se realizó formalmente el 12 de septiembre del año pasado, apenas unos días después de que el Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó a la PGR la extradición de César Duarte. Entonces, la Fepade solicitó la extradición y una ficha roja, una vez que se obtuvo la orden de aprehensión por un juez federal.
Con este ejemplo, precisó Nieto, no todos los actos de corrupción inician durante las campañas, pero existe un vínculo indisoluble que se da donde existen casos de negociación política con grupos empresariales, desvío de recursos o financiamientos que impactan en el modelo de relación entre unos y otros, entre la campaña electoral y la corrupción.
Pero también existen tribunales electorales sometidos, lo que se observa cuando interpretan la ley electoral en contrasentido a la rendición de cuentas y la transparencia.
“Me parece que debemos, por lo menos, de tener un enfoque de crítica hacia los órganos de naturaleza jurídica, de competencia jurisdiccional. No entiendo como “El Bronco” -Jaime Rodríguez- pudo ser candidato a la presidencia de la República, dada la falta de certeza con respecto a 16 mil firmas que el Tribunal Electoral validó”, señaló quien fuera titular de la Fepade.
Refirió otros casos que son factores que potencializan la corrupción, como el hecho de que haya controles políticos discrecionales, con un poder Judicial débil o fiscalías no autónomas.
Celebró lo que se ha conseguido en materia de fiscalización en el Instituto Nacional Electoral, pero también este órgano ha sido sobresaturado con atribuciones en la materia, porque los sistemas anticorrupción no funcionan.
“Hoy no tenemos Fiscalía, ni fiscal anticorrupción, ni magistrados, ni un diseño institucional que permita el flujo de información para combatir estos fenómenos que trascienden las fronteras del país”, sostuvo Nieto.
En el panel que fue moderado por Agustín Basave, titular de la Representación del Gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México, estuvieron además María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y Pamela San Martín, consejera del INE.
Además participaron Luis Carlos Ugalde director general de Integralia Consultores y el también consejero electoral Ciro Murayama.
Casar dijo en su intervención, que la corrupción alcanza una norma social no escrita, donde los grupos ciudadanos aceptan la corrupción como un modus vivendi, donde un empresario, un político, un presidente de alguna asociación civil, puede usar sus influencias para beneficio propio.
Ugalde expresó que las campañas políticas se han convertido en una manera de enriquecimiento personal para muchos. Y todo, gracias a que hay un sistema inefectivo de fiscalización, que no es culpa del INE, sino que se trata de un tema de regulación.
San Martín abundó que en México se ha invertido mucho para fortalecer las reglas electorales, pero esto no ha llevado a reducir los niveles de corrupción, “si bien las elecciones resultan limpias son necesarios más mecanismos para combatirla”.
Murayama explicó que se ha desestimado el voto ciudadano al señalar solo el tema del financiamiento ilegal, pues se da a entender que la gente vota en razón del dinero que se invierte en las campañas, cuando hay muchos más elementos más para entender porqué vota el ciudadano.
