En un territorio poblacional la seguridad social o seguridad ciudadana representan las medidas que las autoridades gubernamentales deben, por Ley, garantizar a sus ciudadanos.
Estos aspectos son propios para la parte laboral, económica y de salud. En su contexto, es amplio hablar de seguridad social sin embargo es un rubro descuidado por la estructura de Gobierno, ya que como derecho humano, no se está garantizando la armonía ni la confianza entre sus habitantes.
En nuestra Constitución política federal, se señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social y la satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y aquellos indispensables para la dignidad y el libre desarrollo.
Además en el Programa Nacional de Seguridad Pública se establece que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los estados y municipios, que provee acciones necesarias para dar seguridad al ciudadano y a su familia, así como garantizar el orden y la paz públicos.
Entre otros aspectos se abordan los conducentes en materia de prevención del delito y combate a la delincuencia.
Y es que hoy en día la inseguridad pública es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. El estado de Chihuahua forma parte de las entidades con un alto índice delictivo que expone a la ciudadanía a robos a mano armada. El hurto a vehículos, locales comerciales, casas habitación y transeúntes, se están haciendo común.
Esta preocupación ha ido en crecimiento.
Chihuahua ya no es la entidad que garantizaba paz social. Es común que los grupos delictivos generan cada vez mayor violencia aprovechándose del clima de incertidumbre y desconfianza, sumado a la desorganización y falta de liderazgo de las instituciones gubernamentales.
Desafortunadamente la ola de violencia y delincuencia, tienen atrapados a todos los sectores y grupos poblacionales, lo mismo da empresarios, ganaderos, políticos, policías, que amas de casa, jóvenes e infantes. De ello obran expedientes en las instancias policiales y judiciales.
Si bien es cierto existen lineamientos y políticas públicas creadas para garantizar la armonía y paz social de todo individuo, éstas no han sido aplicadas con rigurosidad o en su defecto no han sido las correctas, incluso, quienes pudieran ser los responsables de su operación, hacen como que las siguen, sin embargo son violadas e ignoradas.
Los recientes asesinatos a personas a lo largo y ancho de nuestra entidad, así como las desapariciones de médicos, estudiantes e infantes, son casos que lastiman a una sociedad chihuahuense desesperada por la recuperación de la armonía y la sana convivencia.
Los medios de comunicación ocupan sus principales espacios de difusión con notas rojas. Son ya los temas diarios en los cafés, en las reuniones vecinales, de amigos y familiares. Urgen soluciones concretas antes que la entidad sea vista como el foco rojo de México, que incluso, en el extranjero ya hay gobiernos que recomiendan a sus ciudadanos no viajar a Chihuahua.
Sin embargo esta mala imagen que nos han creado, no sólo pega en la economía turística, sino también en la generación de empleos al evitar con ello la instalación de nuevas cadenas, de transnacionales y empresas de prestigio que rechazan venir a la entidad.
Son pues, en este momento, las demandas y las quejas más recurrentes de los chihuahuenses. Urge disminuir este cáncer que además de violencia y la delincuencia, también, través de la venta y compra de droga, está exterminando a adolescentes y niños.
