El Ministerio Público de la PGR se convirtió en defensor de oficio del imputado, denuncia el consejero jurídico del Estado, Jorge Espinoza Cortés; si procede el recurso, la resolución del juez Marco Antonio Fuerte Tapia no quedaría firme y se evitaría que el exdirigente del PRI deje la prisión
El Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Jorge Espinoza Cortés, informó que se buscará el amparo para evitar que surta efecto la resolución emitida por el Juez Federal de Control que sobresee la causa en contra de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez por el delito de peculado por 250 millones de pesos.
El sobreseimiento se derivó de que el Ministerio Público de la Federación decidió no acusar al imputado, constituyéndose técnicamente en la defensa de oficio de Alejandro Gutiérrez, explicó el consejero del Estado.
Luego de que esta noche el juez federal Marco Antonio Fuerte Tapia dictara el sobreseimiento del caso, el Consejero Jurídico explicó que buscarán que la resolución quede sin efecto, a fin de que el detenido siga preso en el estado de Chihuahua.
Anunció que se interpondrán denuncias penales en contra de los agentes del Ministerio Público de la Federación que decidieron no acusar al detenido y quejas administrativas ante la Función Pública y los órganos de control que correspondan.
Al término de la audiencia celebrada en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el consejero Jorge Espinoza Cortés explicó que el Ministerio Público de la Federación, PGR, decidió no acusar al imputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, constituyéndose técnicamente en la defensa de oficio de dicha persona, por lo cual le solicitó al juez de la causa, Marco Antonio Fuerte, que sobreseyera el caso.
“El juez accedió a la petición, toda vez que el ejercicio de la acción persecutoria le corresponde al Ministerio Público, por lo cual, ante la solicitud de sobreseimiento y al manifestar que no iban a hacer la acusación, el juez tomó la determinación de sobreseer la causa”, indicó.
Sin embargo, señaló que dicho sobreseimiento es recurrible, por lo que se estudiará el recurso legal que corresponda para que no surta efecto dicho sobreseimiento y se pueda dejar sin efecto la sentencia que se dictó el día de hoy.
Agregó Jorge Espinoza que se estará presentando un amparo ante un juez de Distrito a efecto de que suspenda los efectos de la resolución y no quede firme, y pueda ser un juez de amparo quien revise si la resolución emitida por el juez de Control se encuentra ajustada a derecho.
Durante la mañana del viernes, el gobernador dio a conocer que derivado del curso de la audiencia y de los hechos, la administración estatal presentará las demandas de amparo que resulten procedentes, así como las denuncias penales en contra de los servidores públicos y funcionarios del nivel que sea, por llevar a cabo maniobras para proteger a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez del proceso que debe enfrentar en suelo chihuahuense, toda vez que las pruebas que se encuentran en la carpeta, son sólidas y suficientes.
“Acudiremos también a todas las instancias internacionales para denunciar las evidentes irregularidades y la manipulación descarada de la Procuraduría General de la República y sus operadores, empezando por su encargado, que pretende dejar impune este caso tan importante en la historia del combate a la corrupción en nuestro país”, declaró el mandatario ante los medios de comunicación.
En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió desechar el recurso presentado por el Estado de Chihuahua para que se revisara la actuación de un Tribunal Colegiado que atrajo el caso de Alejandro Gutiérrez a la Ciudad de México, motivo por el cual fue puesto a disposición del Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia, la carpeta de investigación del caso.
Al día siguiente de la resolución de la Corte, se produce otra resolución del primer Tribunal Colegiado con sede en la ciudad de Chihuahua, que revocó la medida cautelar impuesta a Alejandro Gutiérrez de prisión preventiva por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, por otro delito que tiene a nivel local también desvío de recursos públicos por una cantidad distinta a la del caso federal.
La audiencia para determinar la medida relativa a la prisión preventiva fue programada para realizarse originalmente a las 9:30 de la mañana del viernes 31 de agosto (tiempo de la Ciudad de México), que luego fue cambiada para realizarse a las 7 de la mañana y finalmente fue diferida para las 19 horas.
La Fiscalía General del Estado resguardó las inmediaciones del Cereso en tanto se llevaba a cabo la audiencia.
