Delegados de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) demandan al régimen el cese de la violencia.
Miami (16 de agosto de 2018).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) demandaron al gobierno de Daniel Ortega el cese de la violencia, investigar y sancionar las agresiones, y respetar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a periodistas y sus familiares.
En conferencia de prensa en Managua la misión conjunta de la SIP y RSF concluyó que las libertades de prensa y expresión están en retroceso en Nicaragua, como consecuencia de una campaña de agresión sistemática, sostenida y permanente de parte del gobierno del presidente Daniel Ortega.
Ambas organizaciones consideraron que la libertad de prensa se halla bajo un claro acoso por parte de autoridades y agencias policiales nicaragüenses y señalaron que la responsabilidad política y jurídica de esta regresión en el ejercicio de las libertades corresponde en términos políticos, jurídicos e históricos al gobierno que encabezan el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Las demandas de las organizaciones surgieron luego de sostener más de 30 reuniones con representantes de la sociedad civil durante su visita a Nicaragua del 13 al 15 de agosto en las que los ciudadanos de este país expresaron en forma intensa, vibrante, plural y clara, el reclamo por mayores libertades y una democracia sólida.
La delegación conjunta se reunió con representantes de medios de comunicación y periodistas independientes de varios departamentos del país, así como con agrupaciones estudiantiles, campesinas y empresariales que forman parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, con el ex presidente Enrique Bolaños, con miembros de la Iglesia católica y con diplomáticos destacados en Nicaragua.
La misión se expresó con alarma ante las denuncias recibidas por periodistas y medios de comunicación sobre los altos niveles de represión, incluso letal, por parte de fuerzas policiales en contra de participantes de protestas sociales y de periodistas que dan cobertura a estas protestas. Ello incluye agresiones por parte de grupos paramilitares que emplean contra la población armas de alto calibre, lo que ha atraído un escalamiento constante de víctimas mortales.
Por otro lado, destacaron que los periodistas y los ciudadanos agredidos carecen de espacios donde hacer sus denuncias y reclamos ante organismos policiales y judiciales que no tienen la debida autonomía e independencia del poder político.
Las prácticas de agresión en contra de periodistas independientes, se ha manifestado en amenazas, persecución, intimidación y campañas de difamación, en especial en casos que involucran a periodistas en el interior del país, entre cuyos casos graves se destacan la explosión contra las instalaciones y trabajadores de Radio Darío en la ciudad de León y el asesinato del periodista Ángel Eduardo Gahona en la localidad de Bluefields.
La SIP y RSF subrayaron y denunciaron las prácticas oficiales de asfixia económica en contra de los medios a través de políticas de discriminación de publicidad oficial y de otorgamiento de frecuencias de radio y televisión; restricciones a la importación de insumos y equipos periodísticos; periódicas investigaciones impositivas, previsionales y laborales; así como la práctica de presión a anunciantes privados para que no pauten en medios independientes.
La SIP y RSF conocieron con preocupación cómo la política autoritaria, de propaganda y secretismo ha provocado la desinstitucionalización del país y generado gran desconfianza en las instituciones, cuyos funcionarios rehúyen el contacto con la prensa.
Ambas organizaciones aplaudieron la creciente presencia de las redes sociales que ha permitido a la población participar y estar informada frente a la censura oficialista. Asimismo, destacaron que los medios de comunicación y los periodistas estén desarrollando modelos de solidaridad y autoprotección que instó sean extendidos a sus colegas del interior del país.
Los delegados de la SIP y RSF que viajaron a Nicaragua con el objetivo de expresar in situ su solidaridad con los periodistas y medios de comunicación independientes, se comprometieron a enviar un documento sobre sus conclusiones al Grupo de Trabajo para el Seguimiento de la Situación de Nicaragua creado por la Organización de Estados Americanos.
También se comprometieron a compartir con periodistas y medios locales manuales y talleres sobre cobertura en situaciones de alto riesgo y a mantener en la agenda internacional, a través de los socios de la SIP y de los organismos multilaterales, la grave situación de la libertad de prensa en Nicaragua.
Las demandas de la SIP y RSF al gobierno de Daniel Ortega instan a:
· Cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el gobierno, así como a través de cibermilitantes que actúan para difamar e insultar a los periodistas independientes en las redes sociales.
· Realizar investigaciones profundas de todos los actos violentos en contra de periodistas y medios de comunicación y la aplicación severa de la ley a todos los responsables, para evitar que la impunidad genere mayor violencia.
· Respetar y cumplir las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de periodistas y sus familiares que fueron agredidos y amenazados, proveyéndoles con mecanismos oficiales de seguridad, además de crear fiscalías especiales y un sistema de protección para periodistas como existe en otros países latinoamericanos.
· Reclamar – bajo el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que cita que la libertad de prensa y la democracia constituyen un binomio indisoluble, así como de la Carta Democrática Interamericana – la necesidad de que el Gobierno y las institucionales nacionales e internacionales busquen el marco adecuado y definitivo para mantener un diálogo de respeto y tolerancia que permita una salida democrática a la grave crisis político social que se vive en el país.
La delegación internacional estuvo integrada por el presidente de la SIP, Gustavo Mohme, director del periódico La República, Lima, Perú; el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, director del portal de noticias La Silla Rota, Ciudad de México, México; el director del Despacho para América Latina de RSF, Emmanuel Colombié, Río de Janeiro, Brasil y el director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, Miami, Florida, Estados Unidos.
La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental; y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
RSF es una organización internacional creada en Francia en 1985 para defender y promover la libertad de información, la independencia de los medios de comunicación y el pluralismo. Cuenta con un estatuto consultivo ante la ONU, la Unesco, el Consejo de Europa y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). Posee secciones en el extranjero, oficinas en 10 ciudades –entre ellas Bruselas, Washington DC, Berlín, Túnez, Río de Janeiro, Estocolmo–, así como una red de corresponsales en 130 países.
