A ocho años de la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), los periodistas seguimos sin confiar en esta institución.
Fue en tiempos de Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, panista, chihuahuense, cuando se emitió el acuerdo DOF: 05/07/2010, por el cual se creó esta institución que hasta la fecha solo ha servido de figura decorativa en el esquema de la PGR.
Son varios los titulares que han transitado por esta Fiscalía sin ningún resultado del que podamos expresar que los periodistas confiamos en esta institución en caso de ser agredidos o de recibir amenazas de muerte.
Algunos de los fiscales han sido Laura Angelina Borbolla Moreno, Ricardo Nájera Herrera y Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, este último todavía en funciones. Los anteriores fueron relevados cargo con mayor pena que gloria.
En el Acuerdo para la creación de la Fiscalía, se estableció que su papel principal era dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística.
Quien ejerza la titularidad, lo hace en carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, con facultades de ejercer la atracción de los delitos del orden común en términos de las disposiciones jurídicas aplicables; coordinar a los agentes del Ministerio Público de la Federación designados para investigar y perseguir los delitos competencia de la Fiscalía y en las delegaciones de la Procuraduría, pudiendo en su caso concentrar las investigaciones que se consideren procedentes y dictaminar en torno a los expedientes.
Según este acuerdo, la Fiscalía Especializada contaría con el apoyo del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia y de las distintas áreas que correspondan en la Procuraduría.
Otras facultades son de coordinarse con las unidades administrativas u órganos desconcentrados que procedan, para brindar a las víctimas u ofendidos del delito, las garantías que en su favor otorga el artículo 20, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos; coordinarse y celebrar convenios de colaboración con las autoridades estatales para colaborar, auxiliar y en su caso, asistir a las autoridades locales en la investigación de los ilícitos en contra de periodistas.
Además, se le atribuyeron obligaciones tales como: promover una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados con la libertad de expresión y a la información, fundamentalmente dirigido a proteger la seguridad de los comunicadores; dar seguimiento a las acciones relacionadas con la protección al ejercicio del periodismo e informar de ello al Procurador y a las asociaciones profesionales internacionales y nacionales de periodistas mediante los mecanismos de concertación que al efecto se establezcan.
Ninguna de estas facultas se ha cumplido a cabalidad y muy lejos estamos de que se haga realidad, ya que siguen ocurriendo agresiones en contra de los comunicadores y la impunidad reina en todos los casos.
El apartado Quinto del Acuerdo de creación de la Fiscalía, especifica cuándo debe entrar en acción para la defensa y/o atracción de una averiguación:
I. Que el sujeto pasivo del delito ejerza la labor periodística, entendiéndose ésta como la que lleve a cabo una persona física o moral que se dedique a través de un medio de comunicación a tareas de información o de creación de opinión;
II. Que el delito de que se trate se haya cometido en razón del ejercicio del derecho a la información o de libertad de prensa o con motivo de cualquiera de éstos, en agravio de las personas referidas en la fracción anterior;
III. Que dicho ilícito sea de competencia federal o del orden común, cuando sean conductas conexas con delitos federales, y
IV. Que el delito de que se trate sea sancionado por las leyes penales con pena privativa de la libertad.
La pregunta que hacemos es ¿qué espera la Feadle, la PGR y demás autoridades estatales y federales para iniciar la protección para los periodistas.
